En el marco de tratados internacionales vinculantes existe el Acuerdo de París, al que México está suscrito y que busca mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este acuerdo marco fue firmado en 2015 y tiene objetivos concretos para que todos los países firmantes implementen acciones tendientes a reducir el aumento de la temperatura global.

México cuenta con tres tipos de instrumentos de fijación de precios del carbono: un sistema de comercio de emisiones, un impuesto federal al carbono y una serie de impuestos subnacionales al carbono. El Sistema de Comercio de Emisiones inició a finales de 2019 con un programa de prueba, y el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el principio de un tope a la cantidad que se pueden emitir y el comercio de los derechos de emisión excedentes o faltantes. Este esquema ya opera en otros países como la medida más costo-efectiva para reducir las emisiones.

Desde el año 2020 a nivel Estatal, se han comenzado a establecer instrumentos económicos de carácter fiscal bajo el argumento de contribuir a la mitigación de las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero y otros compuestos contaminantes. Si bien, las actividades productivas de cada estado difieren dada la naturaleza sectorial, los esquemas que han surgido a la fecha, contemplan alcances distintos y mecanismos de operación diversos.

En un recorrido histórico de estas iniciativas de impuestos ambientales, el Estado de Zacatecas comenzó a explorar los impuestos desde hace algunos años, y derivado de recursos legales de los afectados, logró su vigencia a partir de 2020. Posteriormente, el Estado de Baja California emitió su iniciativa, que a la fecha se mantiene en un estado de controversia con el Gobierno Federal. En el mismo año Coahuila y Jalisco comenzaron a desarrollar sus iniciativas de impuestos ambientales, aunque sin publicación a la fecha. Tamaulipas se sumó con su serie de impuestos ambientales en 2021 aunque lo derogó en 2023, y desde el año pasado en Querétaro, Nuevo León, Estado de México (ampliando a empresas de jurisdicción federal) y Yucatán, los impuestos ambientales ya son un mecanismo operando. Este año, se suman también los Estados de Durango y Guanajuato. Se conoce que otras entidades federativas ya comienzan a explorar el tema como son: Sonora, Aguascalientes, Colima y Puebla; al igual que permanece la evaluación en Jalisco y posibilidades de ampliación en Nuevo León.

A continuación, se muestra el mapa de los Estados que tienen el impuesto ya en operación, así como los que aún se encuentran en iniciativa.

La promoción de las políticas que contribuyen a contener el cambio climático resulta muy relevante en estos tiempos, aunque, durante su definición se debe buscar que los instrumentos permitan a las economías contribuir en la medida de sus compromisos, sin que ello comprometa el desarrollo de los regulados y la sociedad en general.

En diversos países, los impuestos ambientales han surgido como medidas locales que atacan sectores no cubiertos por los mercados de carbono federales. A su vez, la esencia de estos mecanismos recaudatorios es que los ingresos sean gastados en resarcir los impactos del cambio climático o apoyar a la adopción de tecnologías de menor impacto para los regulados.

Aunque fundamentalmente la intención de los impuestos no debiera ser enteramente recaudatorio sino más bien, debiera funcionar como un desincentivo para alguna actividad, la realidad es que los análisis de impacto y estructuración de los impuestos ambientales son escasos.

Una de las más grandes preocupaciones para la industria es la afectación a la competitividad y la duplicidad de tributaciones. Existen factores que deben ser analizados previo a la implementación de un impuesto al carbono, por ejemplo, la convivencia con un esquema a nivel federal como es el Sistema de Comercio de Emisiones. En este esquema, se les da un valor monetario a las emisiones vía la oferta y demanda del mercado, mismas que pueden intercambiarse entre los diferentes participantes, lo cual resulta beneficioso para quienes ya cuentan con estrategias claras de descarbonización y a su vez permite que aquellos que no han emprendido acciones de mitigación, contribuyan económicamente con lo equivalente a sus emisiones por encima de lo permitido, sin necesidad de tributaciones adicionales por el uso de insumos fundamentales para su actividad productiva.

A nivel nacional, otra repercusión de los impuestos, y tema a analizar, es la fuga de carbono, es decir, el movimiento de las operaciones e inversiones de una empresa a otro lugar con regulaciones más laxas.

Desde la ANIQ, hemos analizado los impactos de estas iniciativas para velar por el sector químico, fundamental en el desarrollo del país. Consideramos que las industrias deben tener certeza de que sus contribuciones al cambio climático estarán soportadas en una regulación congruente, de manera que no se vea comprometido el crecimiento y la competitividad.

Para más información: Contactar a Ulises López Arce (uarce@aniq.org.mx) y Sara Ramírez (sramirez@aniq.org.mx).