La Cámara de diputados promueve marco jurídico en materia de economía circular a nivel nacional

Derivado de la presión y el compromiso para buscar medidas que mejoren las condiciones ambientales, distintas entidades de nuestro país, a través de sus respectivos  congresos han ya generado su propio marco legal por lo que ya son 7 estados que cuentan con su ley de economía circular.

En el congreso federal existen 3 proyectos principales para impulsar esta nueva filosofía que desde su muy particular punto de vista al igual que las 7 ya emitidas, tienen la intención de que el valor de los productos y recursos utilizados en su elaboración tengan un mayor tiempo de vida, que no solo sean fabricados y desechados como en su mayoría hoy sucede, con lo que se logrará que se disminuya la cantidad de materia virgen explotada al igual que la generación de los residuos a lo largo de su ciclo de vida.

Por lo anterior, la cámara de diputados esta organizando distintos foros de discusión para conocer la perspectiva que sobre el tema tienen los distintos sectores de la sociedad.

ANIQ, a través de su comisión de la industria del plástico (CIPRES), participó en una las mesas en donde si bien se reconoció que hay una situación ambiental que hay que atender de manera conjunta, también es importante definir las formas para lograr el mejor resultado posible a esta situación.

Es importante mencionar que como sector lo que se ha manifestado es que la Ley (en cualquiera de sus versiones) debe ser un mecanismo promotor (desde su óptica) del desarrollo económico de nuestro país a través de acciones que orienten a las organizaciones y a la sociedad en general a cumplir con los principios de Economía Circular.

ANIQ, considera que la ley debe:

• Establecer un marco claro que brinde certeza jurídica a quienes estarían sujetos a su objeto y alcance y no que se transforme en un mecanismo correctivo o hasta castigador. Debe ser una invitación a ir más allá a lo establecido en otros mecanismos como normas o estándares ambientales que solo piden un límite de actuación como lo es la descarga a cuerpos de agua o niveles de emisión a la atmósfera.
• Se debe ser cuidadoso en su redacción para evitar duplicar las obligaciones como las hoy establecidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Legepegir).
• Hablando del sector industrial debe ser un mecanismo que faciliten sus acciones más allá de las hoy definidas a través de una claridad en el asunto de la responsabilidad extendida del productor sin que vaya más allá de lo que de manera natural le corresponde, para evitar que otras partes de la sociedad sean omisas en la plaicación de su responsabilidad.

Las Comisiones encargadas de la organización de estos foros, comentaron que se continuará con los trabajos en donde uno de los aspectos fundamentales para los legisladores es el poder dar formalidad a las tareas de acopio y tratamiento incluyendo su aspecto fiscal.

En CIPRES nos mantendremos al pendiente de este tema para identificar y proponer las mejores formas de participación del sector en esta nueva regulación. Dado que el periodo legislativo termina en fecha próxima, estimamos que este proyecto de ley se llevará a cabo en el siguiente periodo a iniciar en el mes de septiembre próximo.

Para más información Rubén Muñoz G rgarcia@aniq.org.mx